El negocio de Armani, al desnudo: bolsos de 1.800 euros, con un coste de 93 euros

Madrid – ¿Cuánto les cuesta realmente a las grandes firmas del lujo fabricar los artículos que venden a sus clientes por cifras que ascienden a los miles de euros, y cuánto es lo que termina pagando el consumidor por razón de “marca”? Eso es justamente lo que ha terminado por desvelar la investigación realizada por la policía italiana sobre el negocio de la casa Giorgio Armani, en el marco de una operación judicial abierta por sospechas de explotación laboral dentro de su red de proveedores.

Para ponernos primeramente en contexto, era a comienzos del pasado mes de abril cuando desde el Corriere della Sera informaban de que el brazo productor de la casa Giorgio Armani, la compañía Giorgio Armani Operations Spa, se había terminado colocando en el centro de una investigación judicial y de la policía italiana, relacionada con prácticas de “gangmastering” y de abuso y explotación laboral dentro de la industria de la moda, y en concreto, dentro de su cadena de valor. Unas informaciones que desde entonces han sido cubiertas por distintos medios italianos, además de el Corriere della Sera, como el portal de noticias Fanpage o Leggo, y desde las que se señala a que, aludiendo a fuentes directas y a informaciones proporcionadas desde el Tribunal de Milán, por la Fiscalía italiana y por la unidad de inspección de trabajo los Carabinieri encargada de la operación, el brazo productivo de Giorgio Armani se mantendrá por un año bajo administración judicial, tras la investigación realizada por la Fiscalía y por los Carabinieri, desde la que se señala a unas presuntas prácticas de explotación laboral dentro de su red de proveedores.

Profundizando en esa investigación que ha llevado a la administración judicial de Giorgio Armani Operations, desde las citadas fuentes se aclara que la decisión del Tribunal fue acordada después de las sospechas desprendidas tras la ya mencionada investigación, de connivencia y/o falta de controles por parte de Giorgio Armani, para la hora de inspeccionar y garantizar cómo se llevaban a cabo los trabajos subcontratados a las compañías italianas Manifatture Lombarde, con sede en la zona de Milán, y Minoronzoni, con sede en Bérgamo. Empresas a las que desde Armani habrían fiado parte de la producción de sus líneas de bolsos, marroquinería y accesorios, en unos trabajos que por su parte ambas empresas habrían terminado a su vez por subcontratar a fábricas ilegales chinas, en Italia, operadas por trabajadores chinos en una situación irregular.

Una suma de graves irregularidades, que ahora los tribunales italianos deberán de terminar de dilucidar, en un reparto de responsabilidades que faltará por ver si termina o no termina afectando a Giorgio Armani Operations. Compañía sobre la que se insiste en señalar el que no está bajo investigación, ni judicial ni policial, como tampoco lo está su fundador, el diseñador Giorgio Armani, tratándose la decisión de llevarla a administración judicial de una medida de naturaleza preventiva que se acuerda en todos los casos en los que se sospecha que una compañía pudo haber participado, incluso de manera negligente —como se presupone que ha sido el caso—, de la actividad delictiva de aquellas personas investigadas como responsables de supuestos delitos y actividades ilícitas. Sujetos estos que se mantienen así pues como el objetivo central de la operación, en lo que en el marco de esta investigación concreto señalaría, al menos por ahora, únicamente a las empresas Manifatture Lombarde y Minoronzoni, así como a los propietarios de las fábricas ilegales subcontratadas por estas.

Sobre esta precisa cuestión, según recoge la investigación y queda como principal razón que ha llevado a acordar la administración judicial de Giorgio Armani Operations, a la empresa italiana, filial de la multinacional del lujo Giorgio Armani, se la “considera incapaz de prevenir y frenar los fenómenos de explotación laboral dentro del ciclo de producción” de sus artículos, “al no haber implementado medidas adecuadas para verificar las condiciones reales de trabajo o las capacidades técnicas de las empresas contratadas”. Una falta de cuidado, cuando no negligencia, que habría facilitando de este modo su participación, mediante “conducta culposa”, en los delitos observados en el marco de esta investigación, por parte de unos “sujetos a quienes se les atribuyen elementos probatorios sustanciales en relación con el delito de ‘gangmastering’”; término desde el que se hace referencia a las prácticas mafiosas relacionadas con la explotación de trabajadores inmigrantes o en situaciones de vulnerabilidad a través de sistemas de trabajos que violan los derechos humanos y laborales.

Explotación laboral con salarios de entre 2 a 3 euros la hora

A pesar de esa, por ahora, presunción de inocencia que los tribunales otorgan a Armani, en relación al conocimiento o no conocimiento de las actividades ilegales presuntamente llevadas a cabo por Manifatture Lombarde y Minoronzoni, como base del auto judicial emitido por el Tribunal de Milán desde el que se ordenaba la administración judicial de Giorgio Armani Operations, los jueces del tribunal señalan abiertamente a la instauración de un sistema de producción “generalizado y consolidado” dentro de la red de suministros de la multinacional italiana del lujo, junto a las compañías objetivo de la investigación. Un modelo productivo que se habría mantenido en funcionamiento “al menos desde 2017”, y hasta las últimas investigaciones llevadas a cabo el pasado mes de febrero de este 2024, y por tanto ni puntual ni episódico, y que faltará por ver hasta que puto alcanza o no alcanza a afectar a Giorgio Armani Operations y a alguno de sus directivos, para llegados al caso de que se demuestre de que tenían pleno conocimiento de cómo se llevaban a cabo los trabajos dentro de ese “sistema” de producción.

En relación a esta misma cuestión, según se han encargado de sacar a la luz desde la Fiscalía y desde el Tribunal de Milán, partiendo de la investigación realizada por la policía italiana, como base de un sistema del que ya existen serias sospechas de que se encontraría “institucionalizado” dentro de la industria de la moda italiana, desde Giorgio Armani Operations se habrían limitado a, una vez recibidos y aprobados los prototipos y las muestras de los diseños, contratar los servicios de Manifatture Lombarde. Compañía que no cuenta con la estructura productiva como para sacar adelante los pedidos, no contando, según la investigación, ni tan siquiera con un departamento de producción propio ni con la maquinaria adecuada, pasando desde aquí todas esas tareas a una subcontrata, a la que desde Manifatture Lombarde marca los costes de producción y los tiempos de entrega. Unos trabajos estos que son los que fueron concedidos a unos subcontratistas no autorizados por Giorgio Armani Operations, se sobrentiende además que sin su conocimiento, y que de este modo eran finalmente llevados a cabo desde distintas fábricas ilegales italianas operadas por trabajadores chinos.

Dede dentro de estos ilegales centros de producción, instalados en Italia, y de los que se procedió a echar el cierre al tiempo que se acordaba la administración judicial del brazo productivo de la multinacional del lujo italiana, era desde donde un grupo de trabajadores chinos en situación de ilegalidad, o con pocos recursos, se encargaban de producir bolsos, piezas de marroquinería y accesorios para Armani. Tareas que realizaban bajo un régimen de explotación laboral, incumpliendo toda normativa vigente en materia de protección laboral, viviendo y comiendo de manera hacinada en las mismas plantas de trabajo, violando cualquier normativa de seguridad e higiene, y rodeados de los productos químicos y de la maquinaria de trabajo que empleaban para realizar los artículos de Armani. Unas piezas que confeccionaban por un salario hasta un 50 por ciento inferior al marcado por el Convenio Colectivo italiano paro el sector Artesano-Textil, llegando a recibir hasta entre 2 a 3 euros por hora, por su trabajo en unas fábricas que llegaban a permanecer en activo hasta 14 horas al día, incluso en días festivos.

Bolsos de 93 euros de coste, y 1.800 euros de precio de venta

Según ha terminado sacando a la luz de este modo la investigación realizada por la Fiscalía y por la policía italiana, bajo esta situación de abuso y de explotación, y viviendo en unas “condiciones degradantes”, tal y como han sido calificadas desde la misma investigación, los trabajadores chinos producían, a cambio de esos salarios abusivos, las piezas que posteriormente las fábricas productoras, ilegales, chinas, vendían al proveedor autorizado por Armani. En este caso, unas compañías Manifatture Lombarde y Minoronzoni, desde las que posteriormente pasaban a vender los diseños recibidos desde los talleres ilegales al precio pactado para su producción con Armani.

Como ejemplo de todo este proceso, desde la misma investigación se pone el foco en un modelo de bolso comercializado por Armani, y producido desde el interior de estas mismas fábricas ilegales, ya cerradas, desde las que se vendía a los proveedores autorizados de la multinacional italiana del lujo, en este caso las compañías Manifatture Lombarde y Minoronzoni, a un precio de 93 euros, la unidad. Una cifra que abonaban los proveedores autorizados a los propietarios de las fábricas ilegales chinas italianas, para posteriormente elevarlo un +169 por ciento, hasta los 250 euros, precio que era el que ya desde Giorgio Armani Operations pasaban a abonar por cada unidad del modelo de bolso. Un importe que es así pues el que desde Armani entendían que debía de ser el precio de coste de este modelo en concreto, un diseño que a su vez pasaban a poner ya a la venta desde sus “boutiques”, ha revelado la investigación, a un precio de venta de 1 800 euros. Un +620 por ciento más que el pagado por Armani a su proveedor autorizado, y un +1 835,5 por ciento más que el precio de coste real sobre el que habría terminado de producirse el modelo, gracias a ese sistema de explotación laboral que, tras el caso de Armani y el de la firma de calzado Alviero Martini, también bajo administración judicial por idénticas razones desde comienzos de año, presenta serias sospechas de encontrarse “institucionalizado” dentro de la industria de la moda italiana. Unas sombras de dudas que se encuentran decididos a erradicar desde los órganos judiciales italianos y desde la Fiscalía italiana, tanto en cuanto afecta a una de las principales industrias nacionales del país.

En lo que llevamos de 2024, la de Armani es “la segunda medida preventiva adoptada por la Sección Autónoma de Medidas Preventivas del Tribunal de Milán contra una empresa que opera en el sector de la moda”, expresaba Fabio Roia, presidente del Tribunal de Milán, a lo largo de un comunicado recogido por distintos medios italianos como el Corriere della Sera. En consecuencia, y ante las firmes sospechas que, según la misma investigación, apuntan a que resultaría difícil de creer el que desde Armani no tuvieran constancia de que los trabajos contratados eran subcontratados a una tercera compañía de la que, al menos oficialmente, no tenían conocimiento, añadía Roia, sería “oportuno activar, siguiendo con iniciativas similares implementadas por ejemplo en el sector logístico por la Prefectura de Milán, una mesa que permita comprender mejor las cuestiones operativas críticas que afectan a los empresarios en este”, el de la moda, “que constituye un sector de mercado de particular importancia para el sistema económico nacional”.